martes, 17 de junio de 2008

Un feminismo que también existe


En los últimos años, se ha desarrollado una creciente actividad institucional y legislativa que ha tenido como objetivo abordar las desigualdades entre mujeres y hombres y las dificultades específicas de aquéllas para integrarse de forma plena e igualitaria en el tejido social. Esta actitud, indudablemente positiva, ha estado impulsada por el eslogan feminista de 'lo personal es político' y ha llevado al terreno de los debates y de las actuaciones públicas cuestiones que durante mucho tiempo se consideraron propias del ámbito privado y, por lo tanto, ajenas a la intervención institucional. En otras palabras, el legislador se ha enfrentado con el problema de la vida privada como posible fuente de discriminación y opresión, con la importancia de la vida laboral como resorte para adquirir autonomía y realización personal por parte de las mujeres, y con la difícil conciliación de la vida familiar con la vida laboral y la actividad pública.

En los dos años del actual gobierno Zapatero, la actividad legislativa en lo que se refiere a asuntos que conciernen de manera específica a las mujeres ha sido intensa. En un corto espacio de tiempo se han aprobado la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (parejas del mismo sexo), la Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio y el Plan Concilia. Asimismo, está pendiente de tramitación una Ley de Igualdad, cuyo anteproyecto acaba de dar a conocer el Gobierno, la Ley de Dependencia, y se ha prometido una Ley de Mediación Familiar, así como la creación de un fondo de garantía de pensiones para los casos de impago de pensiones de divorcio, y una Ley de Identidad de Género.


Todas estas medidas han sido objeto de debate, no sólo el plano de las opiniones estrictamente políticas, sino también en el terreno del feminismo. Ha habido opiniones feministas ampliamente difundidas que han apoyado determinadas orientaciones y han criticado otras, de forma que el feminismo ha aparecido ante la opinión pública con una sola voz y con una única orientación, mientras que otras voces, como la nuestra, representativas igualmente del feminismo, apenas nos hemos podido o sabido hacer oír.

Por eso hoy queremos llenar ese hueco y hacer llegar nuestra voz a la opinión pública.
Queremos destacar como positivo el interés por abordar problemas que especialmente atañen a las mujeres. Pero no podemos dejar de mencionar la preocupación que nos suscita el desarrollo de una excesiva tutela de las leyes sobre la vida de las mujeres, que puede redundar en una actitud proteccionista que vuelva a considerar a las mujeres como personas incapaces de ejercer su autonomía. Y nos parece también arriesgado que tome cuerpo la idea de que sólo con leyes se cambia la vida de las personas. Una legislación adecuada debe, sin duda, ayudar, pero creemos que es la movilización social, el compromiso, la educación y la toma de conciencia individual y colectiva, tanto de mujeres como de hombres, lo que puede finalmente hacernos conseguir nuestros objetivos.


Dicho esto, celebramos que al fin se haya reconocido por ley la igualdad de derechos de las parejas independientemente de su opción sexual y que se haya hecho de una manera tan digna. Por otra parte, consideramos imprescindible que se cree el fondo de garantía de pensiones como medida para responder a la grave situación en la que se encuentran muchas mujeres separadas y divorciadas. También instamos al gobierno a presentar una ley de mediación familiar que sirva como desarrollo de las medidas contempladas en la llamada 'ley de divorcio' y que tenga en cuenta la libertad y autonomía de las mujeres. El Plan Concilia supone una ayuda para las mujeres en el empeño de conciliar la vida laboral y familiar, al mismo tiempo que trata de implicar más a los hombres en las tareas de cuidado de hijos y personas dependientes, pero se queda corta pues sólo se refiere al funcionariado del Estado. La futura Ley de Dependencia puede suponer un avance para mejorar la situación de las mujeres con personas dependientes a su cargo, siempre que se financie adecuadamente y se garanticen los necesarios servicios públicos; por otra parte, suscita dudas la figura de la cuidadora familiar, porque puede contribuir a consolidar el papel de las mujeres como cuidadoras y a desincentivar su acceso al mercado laboral.


Contemplamos, sin embargo, con enorme preocupación las posiciones manifestadas recientemente por el Instituto de la Mujer sobre la prostitución, a la que considera, sin más matices, una actividad indigna y degradante. Estas ideas, en línea con el pensamiento del feminismo puritano de reforma moral de finales del XIX, brindan una buena excusa para mantener las pésimas condiciones en las que las prostitutas ejercen su trabajo.

Las leyes propuestas por el Gobierno español que provocaron y provocan más opinión dentro del feminismo son la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Reforma del Código civil en materia de Separación y Divorcio. Durante la tramitación de ambas se suscitaron reacciones muy diferentes entre las organizaciones de mujeres. Las discrepancias son tan grandes que cabe hablar no sólo de posiciones diferentes sino de diferentes concepciones del feminismo y diferentes modos de defender los intereses de las mujeres dependiendo del marco teórico o filosófico desde el que se parta.


El enfoque feminista con el que discrepamos defiende determinados aspectos de la ley integral contra la violencia de género que consideramos discutibles y de los que nos sentimos absolutamente ajenas. Entre ellos la idea del 'impulso masculino de dominio' como único factor desencadenante de la violencia o como el aspecto determinante. Muchas mujeres feministas pensamos que éste no es el único desencadenante y que habría que revisar otros muchos aspectos que siguen haciendo posible la pervivencia de la violencia contra las mujeres, tales como la estructura familiar, entendida como núcleo de privacidad escasamente permeable, que amortigua o genera todo tipo de tensiones; el papel de la educación religiosa y sus mensajes de matrimonio-sacramento; el concepto del amor, presente en la sociedad y en las chicas jóvenes, por el que todo se sacrifica; las escasas habilidades y la falta de educación sentimental que ayuden a resolver los conflictos; el alcoholismo y las toxicomanías. Todas estas complejas cuestiones, tan importantes para una verdadera prevención del maltrato, quedan difuminadas si se insiste, como se hace en el enfoque de la ley, en el factor 'género' como única y exclusiva causa.


Otro de los problemas de enfoque preocupantes en este tipo de feminismo y claramente presente en esta ley es la 'filosofía del castigo' por la que apuesta: el castigo se presenta como la solución para poder resolver los problemas y conflictos sociales. El Código Penal adquiere una importancia desmesurada y se entienden como más eficaces aquellas leyes que contemplan penas más duras. Las situaciones de maltrato han de castigarse, pero la experiencia demuestra que más castigo no implica menos delito ni mayor protección para las víctimas, y este aspecto ha de tenerse también en cuenta.


La polémica y las diferencias entre corrientes feministas han vuelto a manifestarse con la modificación del Código Civil en materia de separación y divorcio. La reforma presenta, entre otras, las siguientes innovaciones: desaparece la necesidad de alegar causa justa; se suprime la separación previa y se acortan los plazos; se propone la custodia compartida de menores de edad (bien sea por mutuo acuerdo o por decisión razonada del juez, y siempre en interés del menor), y se propone la mediación familiar para posibilitar acuerdos y tratar de desjudicializar el proceso de divorcio.

Las reacciones críticas no se hicieron esperar. Una de ellas, absolutamente razonable y que tiene que ver con las situaciones de vida de las mujeres, se centra en que la ley no plantease solución al impago de pensiones, uno de los principales problemas al que se ven enfrentadas muchas separadas o divorciadas. Ante esta objeción, el Gobierno se ha comprometido a crear un fondo de garantía de pensiones para evitar el empobrecimiento injusto de estas mujeres y de los menores a su cargo.


En cambio, otras críticas no son tan razonables y parecen derivarse de una concepción del feminismo que nosotras no compartimos. Se ha dicho que un divorcio sin causa deja a las mujeres al albur de los deseos masculinos, que equivale al repudio o que priva a las mujeres de conseguir ventajas señalando un culpable. Se ha mostrado abierta desconfianza ante la mediación familiar, por considerar que la mediación sólo se puede dar entre iguales y las mujeres siempre están en una situación de inferioridad. Pero la mayor oposición de este feminismo se ha manifestado ante la idea de la custodia compartida de los hijos e hijas menores de edad. Las críticas se han basado, principalmente, en dos aspectos. Por una parte, se ha argumentado que privar a las mujeres de la exclusividad en la custodia equivale también a privarlas del derecho al uso del domicilio conyugal y a la pensión de alimentos, con lo que su situación económica puede llegar a ser dramática. No queremos en modo alguno negar que la situación de algunas mujeres tras un divorcio puede ser muy difícil, pero no está de más señalar que, con frecuencia, es la custodia exclusiva de hijos e hijas la que dificulta que la mujer pueda rehacer su vida o mantener su vida laboral, adquirir formación, encontrar trabajo, sin olvidar lo difícil que resulta enfrentarse en solitario a la responsabilidad de su cuidado y educación. En este sentido, tener la posibilidad de compartir la custodia de los menores con el padre puede facilitar que las mujeres retomen las riendas de su vida, se formen, encuentren empleo, se relacionen con otras personas, disfruten de tiempo de ocio y no se dediquen en exclusiva a su papel de 'madre'. Además, según todos los estudios, existe un mayor compromiso paterno a la hora de responder al pago de las pensiones cuando la custodia es compartida, y parece lógico pensar que un padre cuidador de sus hijos se comprometa en todos los aspectos que competen a éstos cuanto más cerca esté de ellos.

También se ha argumentado que las madres tienen una relación más estrecha con los hijos e hijas que los padres, pues son las que habitualmente se ocupan de ellos, e incluso se ha llegado a decir que, en realidad, los padres no los quieren, y solamente tratan de evitar pagar la pensión de alimentos. Parece una conclusión aventurada afirmar, partiendo de la mayor relación de las madres con los menores, que éstos han de estar siempre mejor con la madre que con el padre o que los padres quieren menos a sus hijos. También nos parece abusivo atribuir a los hombres, con carácter general, intenciones espurias al solicitar la custodia y pensar que a las mujeres sólo las mueve el amor filial. No nos cabe duda de que en éste, como en otros casos, se puede intentar utilizar la ley en provecho propio, falseando la realidad y no contemplando todos los condicionantes, pero aquí, como en cualquier otra situación, será labor de lo profesionales del derecho defender las necesidades de las personas situadas en peores condiciones, en general las mujeres que, por haber cuidado de la familia, se encuentran sin medios propios de vida.


Estas opiniones vertidas desde el feminismo nos parecen carentes de matices y excesivamente simplificadoras, pues atribuyen la situación de las mujeres a un único factor: los deseos de dominación masculina y tienden a presentar a los hombres y a las mujeres como dos naturalezas blindadas y opuestas: las mujeres, víctimas; los hombres, dominadores.

La imagen de víctima nos hace un flaco favor a todas las mujeres, pues no tiene en consideración nuestra capacidad para resistir, para hacernos un hueco, para dotarnos de poder, porque no ayuda tampoco a generar autoestima y empuje solidario entre las mujeres. Demasiado tiempo hemos sido consideradas menores de edad o desprotegidas y sometidas a una excesiva tutela de las leyes. Y lo mismo se puede decir de la visión simplificadora de los hombres; no existe, en nuestra opinión, una naturaleza masculina perversa o dominadora, sino ciertos rasgos culturales que fomentan la conciencia de superioridad y que, exacerbados, pueden en ciertos casos contribuir a convertir a algunos hombres en verdaderos tiranos.


Desde nuestro punto de vista, el objetivo del feminismo debe ser el de acabar con las conductas no igualitarias, con las conductas opresivas y discriminatorias; debe ser el de conseguir la igualdad entre los seres humanos, no aniquilar a quienes discriminan u oprimen. Nosotras no deseamos configurar un feminismo revanchista y vengativo, deseamos simplemente relaciones en igualdad, respetuosas, saludables, felices, en la medida en que ello sea posible, relaciones de calidad entre mujeres y hombres.

Este es el texto al que van añadiéndose cada día más mujeres de todo el Estado español y al que tú también puedes suscribirte si lo deseas.

lasotrasfeministas2@yahoo.es

viernes, 13 de junio de 2008

lunes, 14 de abril de 2008

¿Inconstitucionalidad en la ley integral de violéncia de género?

El Pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto votar hoy la primera de las cuestiones de inconstitucionalidad sobre la redacción que la ley integral de Violencia de Género dio al artículo 153.1 del Código Penal, que marcaría la doctrina a seguir en las alrededor de 180 consultas de este tipo elevadas al alto tribunal por magistrados y jueces de toda España. En dichas cuestiones se pide al Constitucional que se pronuncie sobre el agravamiento penal para los hombres establecido en la Ley Integral contra la Violencia de Género, aunque el trasfondo de la resolución no es otro que la mayor sanción penal de la violencia machista.

Según fuentes del Constitucional, el Tribunal se inclina mayoritariamente por la constitucionalidad de la ley, aunque habrá que esperar al pleno de hoy para ver si finalmente se adopta una resolución, ya que es la segunda vez que se delibera la cuestión y en la ocasión anterior se encomendó al ponente, Pascual Sala, la reelaboración de la ponencia.

Frente a la posibilidad de hacer una sentencia interpretativa, el Tribunal se inclina por desestimar la cuestión por entender que el acento debe ponerse en el mayor desvalor que supone la conducta del hombre que maltrata a su pareja. El distinto tratamiento penal se justificaría no en una discriminación positiva porque la mujer sea especialmente vulnerable, sino porque el desvalor de la conducta del maltratador es más reprobable y además es más frecuente.

El Tribunal tiene pendiente de resolver alrededor de 180 cuestiones de inconstitucionalidad contra los artículos 171.4, 153.1, 172.2 y 57. 2 del Código Penal, en la redacción dada a estos artículos por la ley integral de Violencia de Género. La que se ve hoy, en concreto, es la primera de las interpuestas, por una juez de lo penal de Murcia. También tiene que pronunciarse sobre las medidas previstas en el artículo 57.2 y relativas a la prohibición de residencia, medidas de alejamiento, prohibición de comunicarse con la víctima y posibilidad de control electrónico introducidas con anterioridad a la ley de Violencia de Género socialista por el ministro del PP José María Michavila.

El artículo 153.1 del Código Penal castiga al que cause "menoscabo psíquico", o una "lesión no definida como delito" o "golpee o maltrate de obra sin causar lesión", y la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada al maltratador por relación de afectividad aun sin convivencia, o una persona especialmente vulnerable que conviva con él. Las penas a imponer son de prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación de portar armas de uno a tres años, y cuando el juez lo estime adecuado, la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda, etcétera hasta cinco años.

Esas mismas penas se imponen por "amenazas leves" (artículo 171.4) y a quien "de modo leve coaccione" (artículo 172.2) a la esposa, o a la mujer con quien haya convivido el autor de las amenazas o coacciones.

la primera cuestión de inconstitucionalidad sobre la que está previsto debatir hoy fue presentada por la juez de Murcia María Poza en el verano de 2005. En síntesis, la consulta de esta magistrada pedía al Tribunal que se pronunciase sobre si el mayor castigo al hombre que a la mujer que maltrata a su pareja viola el principio constitucional de igualdad ante la ley.

La decisión del Constitucional tiene paralizados numerosos procedimientos y la totalidad de los que están pendientes desde que se produjo la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional de mayo de 2007, puesto que ésta así lo establece. En las cuestiones presentadas con anterioridad algunos jueces han seguido adelante con los procesos para evitar males mayores. Precisamente la paralización de todos estos procesos quema los dedos a los magistrados del Tribunal, que temen que pueda ocurrir una desgracia a alguna de las víctimas a las que afectan los procedimientos suspendidos.

El País

Estamos de acuerdo en que la violéncia doméstica es un hecho que afecta a muchas más mujeres que a hombres y que para erradicarla son necesarias medidas estrictas.

Pero yo me pregunto:

¿por qué no se aplican las mismas penas a maltratadores que maltratadoras, si su delito es el mismo?
¿ no tienen las víctimas, tanto mujeres como hombres el mismo derecho a la justicia?
¿como se soluciona el tema de aplicar grandes penas a delitos difícilmente demostrables?
¿no será necesario también penalizar las denuncias falsas para ahuyentar posibles venganzas?

miércoles, 26 de marzo de 2008

Violencia doméstica femenina y masculina


"Demandan al alcalde de La Zubia (Granada) por excluir a las víctimas masculinas de la violencia doméstica."

La exclusión de las víctimas masculinas de la violencia doméstica del cartel que denuncia esta lacra social desde el balcón principal del ayuntamiento, le ha costado una demanda a su alcalde, por parte de un hombre que lo considera discriminatorio.

El cartel está situado junto a las banderas oficiales, y reza: "¡No lo permitas! En 2006 murieron 88 mujeres y cinco niños/as víctimas de violencia de género", sin mencionar a los 14 hombres que murieron a manos de sus parejas o ex parejas el año pasado.

El demandante, Leandro García, instó al alcalde a dejar de "ocultar y silenciar" las "trágicas" muertes de varones y a no destacar "en grandes letras" sólo las de mujeres y menores. Al no obtener respuesta, ha optado por interponerle una demanda. En su demanda pide que se coloque un nuevo cartel en el que figure: "En 2006 murieron 77 mujeres y 14 hombres (5 de ellos menores) por violencia doméstica y de género".
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También le recrimina que publique en el balcón datos "erróneos" procedentes de la web "Red Feminista" e ignore los del Consejo General del Poder Judicial.Los datos del Informe
Según el informe realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cuyo titulo es "Informe sobre muertes por violencia doméstica y de género en el ámbito de pareja y ex pareja", los datos son los siguientes:

- 74 mujeres mayores de edad muertas.
- 12 hombres mayores de edad muertos.
- 5 menores de edad muertos (3 chicas y dos chicos).

Según el cartel que ha colocado el alcalde de La Zubia, los datos son los siguientes:
- 88 mujeres mayores de edad muertas.
- 5 menores de edad muertos.
- ¿0 hombres mayores de edad muertos?

Extraído de Sexconsultas y foto de Espetáculo A BOFETADA

martes, 25 de marzo de 2008

Sospechosas ya antes de ser madres

Escultura de Damien Hirst

En este post voy a desviarme un poco de tema general de este blog para hablar de formas de violencia más sutiles hacia la mujer pero no por ello menos preocupantes. Este artículo sobre el bulling contra las mujeres embarazadas está extraidos de El País.


El acoso laboral a las mujeres embarazadas es común en todas las escalas profesionales - El alto coste de una verdadera conciliación favorece las represalias contra las madres trabajadoras

AMANDA MARS 25/03/2008

Cuando regresó a la oficina después de la baja por maternidad, su ordenador y su mesa habían desaparecido de la oficina. Elena, nombre ficticio, era una alta directiva de una empresa industrial mediana en Barcelona. Una ingeniera que ronda la treintena, con experiencia profesional -no ficticia- en tres países. Buscó una silla y se sentó a esperar al director general. Al llegar, éste le informó de que su papel en la empresa había cambiado.
"No creerás que íbamos a esperarte", le dijo. Y la relegó profesionalmente hasta que se marchó de la empresa. A principios de año acabó un suplicio que, cuenta, arrancó el mismo día en que comunicó su embarazo. Trabajaba 10 o 12 horas diarias. Para cubrir su puesto, asegura, contrataron a dos hombres.
El mobbing maternal, o acoso moral, o maltrato psicológico. En román paladino: hacerle la vida imposible a la embarazada o madre y lograr, en ocasiones, que se vaya de la empresa es una lacra latente. No es generalizada, pero los casos existentes se dan en todas las escalas profesionales. De la ejecutiva a la dependienta. Aunque resulta más fácil de superar para las primeras, que lo afrontan con un perfil profesional más solicitado.
"Es el menos divulgado de los tipos de maltrato laboral y tiene una particularidad respecto al resto: no se hace para destruir moralmente a la trabajadora, aunque también se consigue, sino que tiene vocación ejemplarizante. Se utiliza para disuadir al resto de empleadas de tener más hijos. Y lo consiguen, por eso España tiene una tasa de natalidad en mínimos". Lo explica Iñaki Piñuel, psicólogo del Trabajo y autor del Informe Cisneros de 2006. Varios indicadores dan idea del nivel de incidencia de este maltrato. Uno de cada diez empleados declara que ha sufrido acoso psicológico en el trabajo y, de éstos, el 13% cree que se debe a su condición de mujer.
La Fundación Madrina (902 32 33 29) asiste a una media diaria de 70 madres jóvenes en dificultades, buena parte de ellas inmigrantes, y el 78% con conflictos laborales de por medio. El balance de actividad de su fundación resulta esclarecedor: de las mujeres que ha atendido desde 2000, el 80% identificó el embarazo como la primera causa de su despido y el 90% se sintió previamente hostigada.
El presidente, Conrado Giménez, no duda en asegurar que "el embarazo es una mala noticia en la empresa y un factor de desigualdad en el trabajo" y "lo malo", añade, "es que la mujer tiende a aguantar más, a denunciar menos los casos de mobbing, por eso hay muchas más denuncias de hombres que de mujeres". La mayoría, además, exige el anonimato para contar su caso porque están convencidas de que dar a conocer su identidad les perjudicará profesionalmente en el futuro. El panorama resultante, explica, es desolador: las secuelas del mobbing son la autoestima baja, la vulnerabilidad, fobias a lugares, a personas.
La legislación protege a la mujer que ha sido madre de un despido y la ampara cuando reclama jornada reducida para cuidar a su hijo. Pero el día a día, el trabajo cotidiano, el trato personal, en definitiva, es territorio comanche. Es lo que le ocurrió a Elena, la ingeniera -no ficticia- de Barcelona. "No me rebajaron el sueldo, claro, no podían, pero pasé de ser la mano derecha del jefe, que no podía hacer nada sin consultarme, a no tener de repente el perfil adecuado para seguir dirigiendo a la gente. Me dieron unas funciones muy inferiores, me relegaron, mi superior apenas me hablaba", explica.
El patrón de este tipo de acoso suele ser el mismo. Cuando la trabajadora regresa de la baja maternal, se le asigna un trabajo de responsabilidad inferior, rutinario y se descalifica constantemente su resultado.
Las empleadas con contrato temporal, como Raquel Blanco, lo tienen crudo. Con 34 años, trabajaba hasta hace poco en una frutería del mercado de Maravillas, en Madrid. Tenía un contrato temporal de seis meses. Cuando supo que esperaba un hijo, sus compañeras trataron de convencerla de que no le dijera ni una palabra al propietario hasta que fuera evidente, porque estaban seguras de que la echaría. "Pero como acababa de ser abuelo, pues, me dije, será sensible y tal. Pero se quedó blanco y me dijo. ¿Cómo ha sido? Pues cómo iba a ser...". Le aconsejaron que pidiera la baja maternal anticipada porque así la ley obligaría a que se le renovase el contrato. Pero no lo hizo. Tampoco su jefe se deshizo de ella inmediatamente. Le hizo un contrato por otros tres meses y le explicó sin remilgos que lo hacía para apurar hasta acabar los nueve meses de gestación. Cuando acabaron, estuvo otras tres semanas trabajando sin contrato. Luego rompió aguas. Y le dijeron que no volviera.
"Pero lo malo fue cómo me trataba cuando estaba allí. Me empezó a dar siempre a mí los trabajos más pesados, los que no podía hacer por la barriga, me criticaba siempre, me mandaba callar si hablaba un poco con una clienta".
Lo relata con su hijo Aaron, de cinco meses y medio, en un brazo y con el teléfono en otro. Y con pocas esperanzas de encontrar un nuevo empleo a medio plazo, pese a no haber parado de trabajar en limpieza y distintos puestos de alimentación desde muy joven.
En el caso de Raquel, las compañeras de trabajo la respaldaron y la intentaban ayudar con las tareas más duras si su superior se lo permitía, pero no siempre es así. El mobbing procede muchas veces de los propios compañeros como efecto perverso de la mala organización del trabajo. El más frecuente es el descendente, un 20% es entre compañeros por rivalidades o celos y un 9% hacia los jefes, cuando los empleados conspiran para hacerle la cama a su jefe.
La profesora Nuria Chinchilla, directora del Centro Internacional Trabajo y Familia de la escuela de negocios IESE, explica que esta situación se produce "cuando las empresas no tienen política de conciliación y el trabajo de la mujer que pide la jornada reducida o la baja maternal recae en sus compañeros, que acaban perjudicados".
En este sentido, cree que también es necesario romper una lanza a favor de las empresas, para las que transformar toda la estructura operativa y lograr una verdadera política de conciliación genera unos costes a corto plazo difíciles de asumir para algunas compañías. La Ley de Igualdad aprobada por el Gobierno obliga a las empresas de más de 250 empleados a negociar con los agentes sociales planes de igualdad, pero cumplirla más allá del papel no es sencillo y Chinchilla opina que "el Estado debería dar ayudas y apoyar a la firma que está haciendo bien las cosas".
Y algunas lo hacen. Pero, tal y como explica Almudena Fontecha, secretaria de Políticas de Igualdad de UGT, "eso no significa que sean socialmente responsables". Aprobar planes de igualdad "es simplemente cumplir la ley, para nosotros tener una verdadera responsabilidad social corporativa es ir más allá de lo que es obligatorio". Y no se trata, a su juicio, de lo que una gran compañía hace con vistas a la galería. "¿De qué sirve firmar convenios de colaboración con entidades de mujeres si luego tú discriminas a tus trabajadoras?", se pregunta.
El problema de todos los afectados por acoso en el trabajo a la hora de defender sus derechos -y esto ocurre igual a hombres y mujeres- es encontrar pruebas suficientes para demostrarlo en un eventual juicio contra la empresa. Los sindicatos reciben a diario cientos de consultas sobre este tema. "¿Cómo puedo demostrar que mi jefe me maltrata? ¿Cómo puedo demostrar que no me han renovado el contrato porque me he quedado embarazada?". Chinchilla recomienda evitar un juicio a toda costa. "Hay que pertrecharse de evidencias, todas las posibles, correos electrónicos, grabar conversaciones. Y presentarse con todo ello para lograr una salida pactada". Pero si se opta por esta solución, el problema queda escondido debajo de la alfombra.
Este es justo el mal sabor de boca que le ha quedado a Elena. Su caso resultaba tan flagrante que pactó con la empresa una indemnización y escapó del mobbing. Ahora cuenta que se siente "un poco culpable" al recordarlo: "Yo busqué una solución individual y no lo denuncié, es como dejar que siga ocurriendo". Si ella, que se encuentra en una buena posición, que no tiene dificultades económicas, no denuncia, "¿cómo lo van a hacer otras en situaciones de mayor debilidad?", se pregunta.
Elena habla de buena posición porque su perfil profesional -del que evita hacer públicos los detalles para evitar la estigmatización en su cerrado gremio- está solicitado en el mercado de trabajo. Igual que le ocurre a una médica de 34 años de Pozuelo (Madrid) que tampoco da a conocer su verdadero nombre. Trabajaba en una empresa de gestión de recursos sanitarios y médicos y, al tener a su tercer hijo, pidió una excedencia de un año. Un día antes de regresar le informaron de que, en lugar de reincorporarse a su puesto, debía dirigirse al Departamento de Recursos Humanos para que la recolocaran. Su pecado fue pedir la jornada reducida. "Decían que eso era un agravio comparativo respecto al resto de compañeros, pero no es cierto, porque me rebajaban la parte del sueldo correspondiente", explica. Decidió no regresar. La presión funcionó. "Sé que a las personas que pasan por esas situaciones les quedan unas secuelas muy graves".
Ocurrió el pasado mes de octubre y no ha vuelto a trabajar desde entonces, pero está a punto de fichar por otra empresa tras haber pasado por varias entrevistas. La maternidad no ha supuesto ningún problema en el proceso porque su sector "es muy específico y falta gente".
Eso sí, en las entrevistas le han preguntado por su situación familiar. Y es que a veces el acoso empieza en la misma entrevista de trabajo.
En Estados Unidos es ilegal hacer cualquier pregunta personal sobre pareja, hijos o intención de tenerlos en un proceso de selección de personal para evitar cualquier sombra de discriminación, explica Iñaki Piñuel, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. "Yo mismo, que he trabajado en recursos humanos, aconsejo a mis alumnas que mientan. Dado que la empresa no tiene derecho a preguntar sobre la vida personal, y que callarse también es perjudicial, les recomiendo mentir. Es triste, pero un mal menor", sostiene.
Almudena Fontecha, de UGT, lo describe gráficamente: "Una mujer fértil, en una entrevista de trabajo, es juzgada como una madre en potencia. A los empresarios no les gusta admitirlo, pero es así".
Sobre este espinoso asunto, un portavoz de la empresa de selección de personal Randstat sostiene que, al menos en su caso, la maternidad o potencial maternidad de una mujer no supone ningún agravio y añade que los elevados porcentajes de mujeres contratadas por ellos lo demuestran. Sin embargo, un estudio encargado por esta misma empresa a la escuela de negocios ESADE concluyó en 2006 que "estar casada y tener un hijo es un factor decisivo de la discriminación de la mujer en el mercado laboral".
Según el Informe Randstat se produce "una brecha" en la trayectoria profesional de las mujeres cuando éstas se casan y tienen hijos, "lo que provoca una ruptura que luego difícilmente se recupera cuando la mujer con hijos en edades ya escolares quiere reincorporarse al mundo laboral". El miedo a que una empleada se quede embarazada se basa en su particular ideario: que las madres faltan más al trabajo, rinden menos y sufren una repentina desafección al trabajo.
"Lo peor es que la mujer tiene todo esto asumido, sabe que no le renovarán el contrato si se queda embarazada y les parece natural. ¡Lo han interiorizado!", lamenta Piñuel. Y, en su opinión, pintan bastos. La desaceleración económica, advierte, va a disparar los casos de mobbing por la presión a la que se ven sometidos los mandos intermedios y la necesidad de ahorrar costes en despidos. Tampoco puede obviarse que las dificultades para encontrar otro trabajo obligan a aguantar estas situaciones y a eternizar el maltrato.
Todo conspira para que nadie se quede embarazada, la embarazada es hostigada y perseguida. Las que ven esa situación se lo piensan siete veces. Tiene un efecto dominó. Una pedagogía perversa. Es también una forma de disuadir de tener el segundo o tercer o cuarto hijo.

martes, 18 de marzo de 2008

"El malatratador no es un enfermo, quiere controlar a su mujer y la sociedad lo permite"


Entrevista con Miguel Lorente Acosta. Doctor en Medicina y Cirugía, médico forense. Experto de conocido prestigio nacional e internacional.


Uno de lo mayores expertos nacionales sobre violencia de género acaba de publicar un libro en el que “desnuda” al agresor. El doctor Miguel Lorente es almeriense. El comportamiento que encuentra en la sociedad, cuyo sistema y normas permite actuar al agresor, le empuja a reivindicar un cambio cultural.

El rompecabezas. Anatomía del maltratador” es el nuevo ensayo del doctor Miguel Lorente Acosta (Serón 1962), experto en violencia de género. En su obra trata de desmitificar algunos estereotipos establecidos sobre la violencia hacia las mujeres que impiden llegar hasta el fondo de este grave problema social y global y buscar, entonces, posibles soluciones definitivas. La violencia, según el autor, se asienta sobre la cultura.


Primero fue “Mi marido me pega lo normal”, obra en la que las víctimas eran las protagonistas. Ahora, en “El rompecabezas” habla de los agresores. En ella menciona los “motivos del lobo”. ¿Qué son?

Existe una característica en un maltratador, como una situación mantenida, y es el acoso, ir de menos a más en su aproximación a la víctima. Se trata de la persecución que se hace de la mujer para controlarla y reducirla; que es común en el maltrato.


¿Cuál ha sido su sistema de trabajo?
La obra parte de mi encuentro con la violencia hacia las mujeres, cuando comencé a trabajar como forense en 1988. Eran casos totalmente distintos a los que yo había visto en mi carrera porque no había una reivindicación, ellas pensaban que eran responsables. Al ver que era común en todas las mujeres, me hizo estudiar sobre las características de ellas y de los agresores y compararlas con otros trabajos. Más que un estudio descriptivo, es analítico.


Por su experiencia, ¿dónde nace este comportamiento?

En el egoísmo y desconsideración hacia la mujer, la sociedad y todo lo que signifique algo que no sea nuestro. Quieren mantener una situación de privilegio. No dicen que esté mal, sino que lo justifican. El agresor responde a lo que él considera que es un ataque, pero cuando analizas esa situación, ves que buscan justificación y razón para agredir.


¿Qué les protege?, ¿es el momento de realizar autocrítica?

Hay que romper con esta cultura patriarcal. Cuando el caso se ha producido, el rechazo no es suficiente, porque habremos actuado tarde. Tenemos que posicionarnos hacia la desigualdad y debe tratarse desde la educación y el cuestionamiento de muchos modelos por medio de la información.


¿Y la sociedad, ¿cómo se comporta?

He realizado un estudio sobre la respuesta social hacia la violencia y he comprobado que la actitud no se ha modificado. Hace cuatro años, el 2,7 % de la gente creía que la violencia era un problema “muy grave”. Entonces, el número de muertes era de 52. Ahora, cuatro años después, es de 72 y el porcentaje sigue siendo el mismo. No existe una evolución a raíz de esa situación tan trágica como es el asesinato. Somos insensibles ante el estímulo de lo que es la violencia. Y es que la justificamos. No damos importancia al bofetón., y cuando se mata creemos que es porque se ha vuelto loco. Estamos dando naturaleza a la violencia.


¿Existe un perfil o un modo de actuar?

No hay una condición previa que haga al hombre ser maltratador. Hay gente más impulsiva, pero no se traduce en violencia. Si analizamos las actitudes de los maltratadores ves que existe un proceso gradual de control de la mujer, un intento de cuestionar y aislar a la mujer en sus fuentes de apoyo externas: familia, aficiones, etc. Esta actitud puede aparecer diez años después de una relación.


¿No se puede identificar a priori?

No son formas de ser, sino de actuar. Cuando considera que lo que su mujer hace es un ataque, no un posicionamiento autónomo, puede recurrir a la violencia. Lo que sí cambia es la forma de ejercer la violencia, pero no viene condicionado por una forma de ser o una patología.


¿Es posible la reinserción?

Tan posible como que no se desinsertan. La característica es que el maltratador está profundamente insertado en las normas y patrones culturales de nuestra sociedad. No hay que reinsertarlo, sino sacarlo de esa fuente de referencia para interpretar la relación. No creo que la solución pase por una terapia o rehabilitación, porque no lo necesitan, no son enfermos. No están analizando con una distorsión la situación que viven. Es verdad que encuentran los instrumentos a mano para realizarla. En una cultura patriarcal habrá facilidad para justificar y recurrir a la violencia, pero en cada uno de los pasos que ha dado el hombre es consciente de lo que ha hecho y obtiene un beneficio, el privilegio.


¿Existen casos de violencia entre parejas del mismo sexo?

Sí. La violencia es de género por la carga cultural, no biológica. Va relacionado con el rol que desempeñamos en la cultura. El que desempeñe el rol del privilegio puede recurrir a la violencia como elemento efectivo (porque le va bien) para llevar a cabo ese papel.


La sociedad patriarcal ya está establecida y enraizada. Para poder ver la luz, ¿se ha de empezar, ya, desde la educación?

Suena muy teórico, pero para cambiar, hay que modificar las referencias, Cuando todo funciona bien, no hay que cambiar. Cuando eso se altera por algo al crearse una situación de desorientación, es cuando se toman esas referencias y valores patriarcales, que es lo que legitima para recomponer algo que previamente ha sido alterado por la mujer. Hay que ser muy críticos y romper muchas de las normas establecidas. Hablas de listas paritarias y la gente se echa las manos a la cabeza, y son medidas para cambiar las referencias.


¿Qué opina de la Ley Integral?

Es fundamental. Siempre se puede mejorar. Es una ley para empezar a plantear la violencia no como un hecho aislado, sino una situación continuada que va más allá de lo que es la cuestión jurídico-penal. La violencia tiene una dimensión global porque afecta a todos los ámbitos en los que se mueve la mujer y todo eso hay que reconstruirlo y hay que abordar cada uno de esos elementos que se han deteriorado afectados por la violencia.


El año pasado se incrementó el número de denuncias y también de asesinatos. ¿A qué cree que se debe?
El asesinato es un acto, pero en este caso hay que analizarlo dentro de una conducta. De lo contrario, no podemos prever qué es lo que va a ocurrir. Muchas de las manifestaciones leves pueden acabar en homicidios. Un maltratador no es un sádico, es una persona que quiere controlar y estar por encima de su mujer, pero no teniendo que usar la violencia. Ese control se pierde cuando se separa. Hay un periodo de tiempo en que cree que la mujer va a volver y cuando descubre que no es así, se puede producir ese último recurso que es el asesinato. La orden de alejamiento en muchos casos no sirve de nada y hay que buscar medidas más individualizadas. Hay que estudiar a cada agresor.


¿Es pro-feminista?

De hecho profeso el feminismo. Estoy de acuerdo en los postulados del feminismo tanto en su origen como en su movimiento y pensamiento que desenmascara la desigualdad, la opresión de la mujer y el dominio en nombre de la desigualdad.


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Por Marta Soler. “La voz de Almería”, 17 de enero de 2005


Este post (texto y maravillosa foto) ha sido osurpado de La vie en noir.